Tras el anuncio de la periodista Jineth Bedoya Lima de desistir del proceso judicial por el secuestro, la tortura y agresión sexual que sufrió hace 25 años, la noticia ha vuelto a sacudir al periodismo colombiano y a recordarle al país su deuda histórica con las víctimas. Bedoya, referente de lucha y dignidad, denunció que su caso sigue en la impunidad y que las 13 medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no han sido cumplidas por el Estado colombiano.

El 25 de mayo del 2000, Jineth Bedoya, hoy símbolo de la lucha contra la violencia de género en el periodismo colombiano fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual mientras realizaba una investigación para el periódico El Espectador sobre el conflicto entre guerrilla y paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá. Aunque dos de sus agresores fueron condenados, más de 20 implicados, incluidos agentes del Estado, continúan en la impunidad.

En este contexto, conversamos con la profesora Diana Nocua, candidata a doctora en Estudios Sociales, magíster en Educación y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con una trayectoria relacionada con  las pedagogías para la paz, la educación en derechos humanos y la formación de comunicadores sociales y periodistas, su voz ayuda a entender qué significa, desde una perspectiva de género, que una mujer periodista, feminista y sobreviviente, decida no callar, incluso frente al abandono institucional.

“Desistir a la justicia por parte de Jineth muestra el agotamiento, el cansancio, pero también la pérdida de credibilidad frente a instituciones como la Fiscalía General de la Nación”, explica Nocua. Han pasado más de cuatro fiscales generales desde que Bedoya denunció su caso, sin que se individualicen plenamente a los responsables. Para la profesora, esto no solo refleja la ineficacia del sistema judicial, sino también el peso de estructuras de poder que aún perviven: “Las instituciones de nuestro país aún no están preparadas para entender lo que implica la violencia sexual, no solo contra las mujeres, sino también contra la población trans”.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por las fallas sistemáticas en la investigación del caso de Jineth Bedoya y por su revictimización, ordenando un conjunto de medidas de reparación. Entre ellas, la creación de un centro de memoria para mujeres víctimas de violencia sexual y la implementación del fondo “No Es Hora de Callar”, destinado a prevenir, proteger y asistir a mujeres periodistas y comunicadoras víctimas de violencia de género. Este mecanismo fue formalizado a través de la Ley 2358 del 2024.

La presión ejercida para que el gobierno volviera a sentarse con la Corte Interamericana luego de abandonar  la audiencia de conciliación con esta Corte  durante la administración de Iván Duque, demuestra el poder de la persistencia y de la palabra como herramienta política. “La posibilidad de no callar, la insistencia frente al Estado colombiano para que reconociera su responsabilidad, aún en medio de la intención de no hacerlo, ha sido fundamental”, recuerda la docente. 

A pesar de que Bedoya ha contado con visibilidad mediática y respaldo internacional, lo que le ha permitido luchar por derechos como el acceso a la verdad, la reparación integral y la no repetición ante un crimen de lesa humanidad imprescriptible, su caso aún no ha logrado el acceso a una justicia integral. Para Nocua, esto plantea una pregunta esencial: “¿Qué pasa con los miles de casos de violencia sexual donde eso no es posible?”.
Desde una lectura interseccional, la docente expone las desigualdades territoriales que atraviesan el ejercicio periodístico. Si bien Jineth fue secuestrada en Bogotá, en un contexto urbano y en medio de una arremetida paramilitar, el riesgo se multiplica para quienes informan desde regiones rurales o periféricas. “La labor del periodismo y la libertad de prensa no es la misma en todo el país ni en todos los contextos”, afirma.

Estos ataques contra la integridad en contextos de guerra no solo vulneran cuerpos, también pretenden borrar memorias y callar voces. “Esa violencia sexual que hace que los cuerpos de las mujeres sean cosificados, vistos como un arma de guerra, como lo señalaba Rita Segato, es una pedagogía de la crueldad”.
Pero más allá de la mirada del cuerpo como objeto de violencia y control, la profesora Nocua insiste en la necesidad de reconocerlo también como un espacio de lucha simbólica, de expresión artística y de sanación colectiva. “Es fundamental pensar cómo el cuerpo y las expresiones de lucha corporal, no en el sentido de confrontación directa, sino de reivindicación y expresión, son fundamentales para promover no solo la resistencia, sino también la denuncia”, explica.
Desde su experiencia docente, ha visto cómo muchas estudiantes utilizan el arte, especialmente el hip-hop, el rap y el freestyle, para canalizar sus luchas y narrar sus historias. “Hay algo muy bonito que ha pasado en la universidad con estas chicas que le trabajan al hip-hop… ahí se expresan una serie de reivindicaciones, pero también se comunica desde otros lugares”.

La memoria, señala, es también una experiencia corporal compleja, que implica tanto recordar como olvidar. “No hay memoria si no hay olvido. Y eso, en el caso de las víctimas de delitos de carácter sexual, tiene todo un sentido. A veces es muy difícil resistir sin sanar”, advierte. Por eso insiste en que el cuerpo es también un territorio de sanación, y que todo proceso de resistencia debe tener un acompañamiento terapéutico, psicosocial y comunitario.

En esa línea, propone superar las miradas individuales del daño y avanzar hacia una comprensión colectiva de la violencia. “Todo lo que sucede en este país en materia de violencias, tanto sociopolíticas como sexuales, tiene una corresponsabilidad de toda la sociedad. Y ahí es donde todavía no hemos llegado”.
Incluso es fundamental repensar los enfoques tradicionales de reparación frente a estos temas. “Nosotras estamos acostumbradas a la mirada del juez que sanciona. Pero la justicia restaurativa, como la que se plantea desde el acuerdo de paz,  invita a un proceso de reconocimiento del daño, de reconstrucción del tejido social. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo se logra eso con la violencia sexual? Es muy difícil… pero habría que pensarlo”.

“Aún hoy no hay caminos tan claros para que la labor periodística promueva la restitución de los derechos de las víctimas de violencia sexual”, afirma Nocua. Aun así, el legado de “No es hora de callar” no solo está en la denuncia, sino en su capacidad para formar, transformar y exigir un periodismo que no solo informe, sino que también repare y acompañe.

Desde su perspectiva, en el ámbito educativo es clave fomentar redes de apoyo en espacios comunitarios y universitarios, diseñar políticas institucionales que prioricen el cuidado y la autoprotección, y fortalecer estrategias pedagógicas que impulsen la denuncia y la defensa de derechos. Estas acciones, señala, son esenciales para proteger a quienes deciden romper el silencio y transformar el dolor en acción colectiva. “La experiencia que plantea Jineth Bedoya, es la de poder generar tejidos de red, donde se prevengan acciones que generan daño”, explica.

Uno de los aprendizajes más significativos para quienes se estén formando en comunicación social y periodismo para la docente, es la necesidad de un periodismo riguroso, que vaya más allá del hecho puntual y se atreva a explorar las causas estructurales y las consecuencias sociales. “La reconstrucción de los hechos, las situaciones de denuncia, las posibilidades de denunciar de manera argumentada, seria y rigurosa, es un ejercicio que no solamente su caso, sino el de miles de mujeres víctimas, ha jalonado a través de su iniciativa”, sostiene.